Bolivia exhibe un panorama laboral caracterizado por una paradoja aparente: en tiempos normales, las tasas de desempleo abierto son relativamente bajas, pero existe una presencia extensa y persistente del empleo informal y el subempleo. Comprender la evolución de ambos fenómenos requiere distinguir indicadores, observar impactos coyunturales (como la pandemia de COVID-19), analizar dinámicas sectoriales y demográficas, y evaluar políticas públicas de formalización y protección social.
Definiciones y limitaciones de las estadísticas
Antes de avanzar conviene recordar dos puntos metodológicos clave. Primero, la tasa de desempleo abierto mide la proporción de la fuerza de trabajo que no tiene empleo y está disponible y buscando activamente uno; es útil pero insuficiente en contextos con elevada informalidad. Segundo, el empleo informal puede definirse de distintas maneras: ausencia de afiliación a la seguridad social, falta de contrato escrito, ocupación en unidades productivas informales (microempresas no registradas) o trabajo doméstico no remunerado dentro de hogares. En Bolivia, las mediciones oficiales (INE, encuestas de hogares) y los informes de organismos internacionales (OIT, Banco Mundial, CEPAL) señalan que la informalidad es estructural y que las cifras oficiales de desempleo subestiman la vulnerabilidad laboral por no capturar plenamente el subempleo, la inestabilidad de ingresos y la ausencia de protección social.
Principales tendencias: antes, durante y después de la pandemia
– Periodo previo a 2020: En la década anterior a la pandemia, se observó una relativa estabilidad macroeconómica con un crecimiento moderado, acompañada de tasas de desempleo abierto que iban de bajas a moderadas (en comparación con la región). No obstante, el empleo generado se concentró fuertemente en la microempresa y la economía informal. La participación del empleo informal en la población ocupada suele situarse en niveles altos —con estimaciones que a menudo superan el 60%—, dependiendo de la definición y del año. Esto abarca a trabajadores por cuenta propia sin registro, vendedores ambulantes, empleados domésticos y ocupaciones rurales de subsistencia.
Impacto de la COVID-19 (2020-2021): Las restricciones de movilidad, el cierre temporal de actividades no esenciales y la caída de la demanda afectaron de manera severa a sectores con alta proporción de empleo informal, como los servicios personales, el comercio minorista, el transporte y las pequeñas manufacturas. La tasa de desempleo abierto subió en 2020, aunque el efecto más visible fue la reducción drástica de ingresos y el aumento del subempleo. Muchas personas retornaron al ámbito rural o recurrieron a actividades informales alternativas para subsistir, lo que temporalmente redujo la tasa de desempleo formal pero aumentó la precariedad. Las transferencias de emergencia y programas de alivio atenuaron, pero no eliminaron, los efectos de corto plazo sobre la pobreza laboral.
– Recuperación parcial y desafíos estructurales (2022-2024): La recuperación económica posterior al choque heterogéneo permitió una recuperación parcial del empleo formal en algunos sectores, especialmente en Santa Cruz (sector agroindustrial) y en actividades vinculadas a la construcción y al comercio. No obstante, la informalidad siguió siendo dominante, y la calidad del empleo (protección social, estabilidad, ingresos) no mejoró de forma consistente. La inflación y la volatilidad de los precios de los commodities también incidieron en la capacidad adquisitiva de los salarios reales y en la demanda de mano de obra.
Diferencias sectoriales y territoriales
– Sector agrícola y rural: En el ámbito agropecuario, se emplea a numerosos trabajadores en pequeñas parcelas familiares y en sistemas de producción familiar que, por lo general, no contribuyen a la seguridad social. En departamentos con un marcado componente rural como Potosí, Oruro, Pando y Beni, predominan la informalidad y el trabajo por cuenta propia. Las cosechas estacionales provocan picos de ocupación que no siempre se convierten en empleos estables.
– Ciudades y economía urbana: En La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, la composición del empleo informal abarca a vendedores ambulantes, transporte informal (trufis, micros), comerciantes minoristas y servicios domésticos. La urbanización y el crecimiento del sector servicios han generado oportunidades, pero también han absorbido mano de obra en condiciones precarias.
– Minería y extractivismo: La minería metálica y la explotación de hidrocarburos combinan empleo formal en grandes proyectos y empleo informal o artesanal en actividades complementarias o de pequeña escala (minería artesanal y de pequeña minería). Estas actividades pueden aumentar el ingreso disponible en ciertas regiones, pero también generan condiciones laborales riesgosas y sin protección.
Grupos más afectados: género, juventud e indígenas
– Mujeres: Las mujeres se encuentran predominantemente en trabajos informales y en roles con menos protecciones laborales, como el trabajo doméstico remunerado y el comercio minorista. Asimismo, las responsabilidades de cuidado no remuneradas restringen su acceso a empleos formales. La diferencia salarial y la baja cobertura en seguridad social siguen siendo problemas persistentes.
– Jóvenes: La tasa de desempleo juvenil tiende a ser más alta que la general y muchos jóvenes aceptan empleos informales o temporales por la falta de oportunidades formales. La falta de correspondencia entre la formación educativa y la demanda laboral (mismatch) es un problema recurrente.
– Población indígena y rural: Los pueblos indígenas enfrentan barreras mayores al acceso a empleo formal por razones geográficas, educativas y discriminación estructural. Esto se traduce en mayor dependencia del autoempleo y de actividades de subsistencia.
Elementos estructurales que mantienen la informalidad
– Estructura productiva: Predomina el control de micro y pequeñas unidades productivas que presentan baja productividad y escasas economías de escala. Numerosos emprendimientos informales no consiguen avanzar hacia la formalidad debido a que los costos y requisitos administrativos, fiscales y laborales constituyen obstáculos.
– Marco regulatorio y costos laborales: Aun cuando Bolivia ha desarrollado marcos de protección social, los costos asociados a la formalización (impuestos, contribuciones patronales, trámites) incentivan la permanencia en la informalidad, especialmente para microempresarios y empleadores de baja capacidad de pago.
– Educación y capacitación: La instrucción técnica y profesional no siempre se alinea con las necesidades productivas, y los programas de formación no logran satisfacer la demanda de reconversión laboral, especialmente para los trabajadores informales adultos.
– Acceso a financiamiento y a mercados: La ausencia de crédito formal, la carencia de mecanismos de garantías y el acceso restringido a mercados formales reducen la capacidad de expansión de pequeñas unidades productivas.
Programas pertinentes y políticas públicas
Bolivia ha implementado diversas respuestas para mitigar la informalidad y proteger a trabajadores vulnerables:
–
Las transferencias y subsidios: Los programas sociales, junto con las transferencias tanto condicionadas como no condicionadas durante la pandemia, contribuyeron a mantener los ingresos. Estas medidas son temporales y su impacto en la formalización a largo plazo es limitado.
– Programas de empleo y capacitación: Iniciativas de formación técnica, reconversión y apoyo a emprendimientos buscan facilitar la transición hacia empleos con mayores garantías. La efectividad varía por alcance geográfico y alineación con demanda privada.
– Incentivos para formalización: Se han implementado medidas para facilitar trámites y disminuir costos para pequeñas empresas, además de esquemas de seguridad social progresivos o especiales. Sin embargo, la persistencia de la informalidad sugiere que estos incentivos no han sido suficientes o que la oferta formal no absorbe la mano de obra en condiciones competitivas.
– Regulación laboral y fiscal: Las modificaciones en la normativa laboral y fiscal pueden incentivar o desincentivar la contratación formal. La clave radica en equilibrar la protección social y la flexibilidad para fomentar la creación de empleo digno.
Casos de estudio ejemplares
– Vendedores ambulantes en El Alto: Numerosos de ellos laboran extensas jornadas sin estar afiliados a la seguridad social; la regulación municipal suele ser esporádica (operativos de control, reubicaciones), lo cual provoca incertidumbre. Los programas municipales de formalización han proporcionado módulos y microcréditos, con un éxito parcial: algunos consiguen establecer locales informales registrados, mientras que otros regresan al comercio ambulante debido a los costos fijos más bajos.
– Microempresas agroindustriales en Santa Cruz: El desarrollo del sector agroexportador ha creado empleos formales en plantas de procesamiento, aunque la oferta no es homogénea. Los pequeños productores a menudo quedan fuera de las cadenas formales y trabajan de manera estacional e intermitente; al unirse a cooperativas que les proporcionan acceso a mercados y certificaciones, tienden a mejorar sus condiciones laborales.
– Minería artesanal en Potosí: Actividades de pequeña escala siguen fuera de esquemas de seguridad social y enfrentan riesgos altos. Intervenciones de formalización han avanzado a través de cooperativas, pero la transición requiere inversión en seguridad, formalización de la cadena y acceso a mercados.
Escenarios prospectivos y recomendaciones de política
Escenarios potenciales a mediano plazo están determinados por la interacción entre el crecimiento económico, las políticas públicas y la innovación institucional:
– Escenario de continuidad: Sin reformas significativas, la informalidad permanece elevada; el empleo formal mejora de manera débil, vinculado a sectores específicos y con una persistente vulnerabilidad en los salarios.
– Escenario proactivo: Con políticas integradas (simplificación tributaria para micropymes, acceso real a crédito, capacitación alineada con demanda, ampliación de la protección social mediante esquemas contributivos flexibles), se podría promover una tasa de formalización gradual, mejorar la calidad del empleo y reducir la pobreza laboral.
– Escenario adverso: Crisis externas (contracción de precios de commodities, shocks climáticos) podrían aumentar la precariedad y expandir la economía informal.
Recomendaciones prioritarias: 1. Crear incentivos fiscales y regulatorios escalonados que disminuyan el costo inicial de la formalización para microempresas. 2. Expandir esquemas de protección social universal o contributivo flexible para garantizar cobertura a trabajadores informales (salud, pensiones y riesgo laboral). 3. Reforzar programas de formación técnica vinculados a cadenas productivas regionales y a la demanda privada. 4. Optimizar el acceso a financiamiento con garantías públicas y asesoría empresarial para emprendimientos que buscan formalizarse. 5. Fomentar políticas de género y de juventud que consideren cuidados, conciliación y formación específica. 6. Incorporar a la informalidad en estrategias de planificación urbana (espacios de comercio formalizados, logística y transporte) para armonizar regulación y subsistencia económica.
La evolución del desempleo y del empleo informal en Bolivia no puede leerse exclusivamente en cifras de desempleo abierto: requiere una mirada holística que combine calidad del empleo, precariedad de ingresos, cobertura social y capacidad productiva. La informalidad es el resultado de factores estructurales económicos, institucionales y sociales; cualquier avance duradero exige políticas coherentes que reduzcan costos de formalización, amplíen protección social y fortalezcan las capacidades productivas locales. Avanzar hacia empleos más dignos implica transformar no solo las cifras, sino las condiciones reales de trabajo y las oportunidades de crecimiento económico inclusivo, reconociendo la diversidad territorial y cultural del país.
